El papa Francisco, en su Mensaje con motivo de la LI Jornada Mundial por la Paz del pasado mes, se centra en la situación de las personas migrantes y refugiadas, que abandonan sus hogares por causas como la guerra, la pobreza, problemas medioambientales o la persecución, y que solo encuentran como solución los riesgos de un largo viaje no exentos de peligros, y que, como sabemos, no tienen asegurado llegar a su destino. El mensaje establece cuatro verbos que invitan a la acción: acoger, proteger, promover e integrar, que también recoge en su mensaje para la Jornada Mundial del migrante y del Refugiado del pasado 14 de enero. Sobre estos cuatro pilares se apoyan los 20 puntos de acción pastoral, propuestos por la Sección de Migrantes y Refugiados del Dicasterio para la Promoción Integral del Desarrollo Humano.
La primera de estas acciones, acoger, implica el aumento de las rutas seguras y legales para los refugiados y los migrantes en los países de destino, a través de corredores humanitarios para los casos de mayor vulnerabilidad, y simplificando los trámites para la concesión de visados por motivos humanitarios y por reunificación familiar, o con visados temporales especiales para aquellos que huyen de conflictos bélicos (2). Sin embargo, en la mayoría de los casos los emigrantes se encuentran rechazo, persecución, violencia y expulsión. Cada emigrante y refugiado debe ser tratado individualmente y tener en cuenta las necesidades reales de seguridad de cada persona para que en ningún caso sea devuelto a un país donde no tenga garantizada sus derechos inalienables (1). Por otra parte, es necesario que la preocupación por la seguridad nacional no entre en contradicción con los derechos humanos fundamentales y la centralidad y la dignidad de la persona humana para que se garantice el acceso a los servicios básicos -también jurídicos- y evitando la detención como la única solución para las personas que llegan a un país sin tener una autorización (3).
La segunda acción propuesta es proteger. Se hace especial incidencia a la defensa de los derechos y la dignidad de los migrantes y los refugiados, comenzando por el derecho fundamental, el derecho a la vida, y que no puede estar supeditado a una legislación. Se debe garantizar todo el proceso, comenzando por el inicio del viaje, con información, legalización y asistencia por parte del país de origen (4). También a la llegada, de modo que para evitar que la vulnerabilidad de los migrantes y refugiados los lleve a ser explotados o a la trata de personas, se garantice el acceso de todos los migrantes a la justicia, y unas condiciones laborales donde exista un salario mínimo y se impida que los empleadores puedan retener la documentación de los trabajadores (5). Hay que garantizar la libre circulación en el país para permitir la mejora de su bienestar, así como fomentar que las comunidades locales participen en la integración de los solicitantes de asilo, además de favorecer programas para aquellos que decidan volver a su país de origen (6). Se debe prestar una especial atención a los migrantes menores de edad. En el caso de los menores no acompañados o separados de sus familias se debe respetar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; así, se deben buscar alternativas a la detención, como la custodia temporal o la creación de centros separados para la identificación y tramitación de menores, adultos y familias (7). Por otro lado, todos los menores deben tener acceso a una asistencia sanitaria básica, a otros derechos sociales y a la educación primaria y secundaria (9) y proporcionar la garantía de que puedan continuar su formación en la edad adulta, con independencia de su condición jurídica (8). Por último, se debe evitar que los migrantes nunca sean apátridas y que se reconozca la ciudadanía al nacer (11).
A través de la siguiente acción, promover, se pretende favorecer el desarrollo humano de los migrantes y refugiados, dentro de los planes de desarrollo de cada país, como punto de partida del diálogo y de encuentro con el otro. De esta manera, se deben valorar las capacidades de los migrantes y favorecer su acceso a la formación superior, de especialización, idiomas…, reconociendo, además, las titulaciones obtenidas en otros países (12). Por otra parte, se debe facilitar la libertad de movimiento y el derecho a elegir dónde vivir, a través de formación y del derecho al trabajo (13). Es importante promover la reunificación familiar, favoreciendo el acceso al trabajo para todos los miembros de la familia reunificada, buscando a familiares perdidos y observando los derechos a la educación y laborales (14). En caso de necesidades especiales, los migrantes deben tener acceso a prestaciones por discapacidad o a programas de educación especial, independientemente de su estatus legal (15). Es necesario que los países receptores de un gran número de migrantes que huyen de conflictos armados reciban fondos para el desarrollo internacional y el apoyo humanitario (16), así como que se garantice la libertad religiosa a todos los migrantes (17).
El último de los verbos, integrar, hace referencia al enriquecimiento que supone una mayor participación de migrantes y refugiados y su inclusión en las comunidades locales. Para conseguirlo, se debe promover la integración mediante el reconocimiento de la ciudadanía, la nacionalidad, la reunificación familiar y la legalización para los migrantes que llevan en un país un tiempo determinado (18). Además, se deben propiciar programas de intercambio intercultural, de integración y garantizando que determinadas informaciones importantes se traduzcan a las lenguas mayoritarias de los migrantes (19). Por último, se debe favorecer la reintegración en los países de origen de aquellas personas que formen parte de programas de repatriación asistida, mediante fondos, validando la formación obtenida o favoreciendo la incorporación al mercado laboral (20).
Estos 20 puntos sirven de “pistas concretas para la aplicación de estos cuatro verbos en las políticas públicas, además de la actitud y la acción de las comunidades cristianas”, además de que muestran el interés de la Iglesia de que la comunidad internacional promueva la construcción de la paz desde el diálogo, la coordinación y la compasión y rechazando los peligros de la indiferencia. Por eso Francisco, en su mensaje por la Jornada Mundial por la Paz, plantea con esperanza el proyecto de las Naciones Unidas para promover a lo largo de 2018 dos acuerdos mundiales (Global Compacts); uno sobre la migración segura, ordenada y regulada y otro sobre los refugiados, sobre las que se basen las políticas y medidas posteriores de cada país. Porque, como miembros de una misma familia, todos tenemos “el mismo derecho a gozar de los bienes de la tierra, cuya destinación es universal, como enseña la doctrina social de la Iglesia. Aquí encuentran fundamento la solidaridad y el compartir”.
M. Cruz Hernández Gil
Consejera Comisión General Justicia y Paz España
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